El primer objetivo fundamental de la estrategia energética debe ser asegurar el suministro de energía mediante la diversificación. La política energética del gobierno recogida en el PNIEC 2021-2030 y en el ELP 2050 se desvía de este objetivo.
Siguiendo con las charlas de esta serie “Descarbonización ¿solo con renovables?” en las que se cuestiona la política energética del gobierno, vamos a ver ahora cómo encajan el PNIEC 2012 2030 y el ELP 2050 con lo que serían objetivos primordiales de una política energética del siglo XXI.
Hay un consenso internacional muy amplio sobre estos objetivos. En numerosas referencias de organismos enfocados a la estrategia energética (ver ejemplo Laboratorios Sandía), destacan siempre tres aspectos fundamentales: La seguridad de suministro, el impacto medioambiental y el coste económico.
Estos tres principios se sujetan, además, a un estricto orden de prioridad. El primero es, sin ninguna duda y con carácter universal, la seguridad de suministro. Acerca de los otros dos hay distintas perspectivas según la región del mundo de que se trate. En la Unión Europea parece que prima, al menos a largo plazo, la protección del medio ambiente por encima del coste, al haberse fijado un objetivo inamovible de cero emisiones en 2050.
La experiencia europea reciente derivada de la guerra de Ucrania ha puesto claramente de manifiesto la prevalencia de la seguridad de suministro por encima de cualquier consideración. Ante la situación de escasez creada por el conflicto, se han pagado precios exorbitantes por la energía y se ha recurrido a combustibles prácticamente descartados como el carbón.
En la sección 2.4.1 de las fichas temáticas de la Unión Europea, se identifican cinco objetivos principales de política energética. El primero de ellos comienza textualmente diciendo “diversificar las fuentes de energía europeas y garantizar la seguridad energética”. Esto es de sentido común porque las consecuencias de la carencia de energía serían devastadoras con carácter inmediato, mucho más aún que la inflación o la contaminación.
La decisión de España de prescindir de la energía nuclear es frontalmente contraria al objetivo fundamental de asegurar el suministro mediate la diversificación. También es contraria al objetivo medioambiental, porque la capacidad nuclear suprimida o no construida se sustituiría ,durante décadas, por combustibles fósiles. Con gran probabilidad, también es opuesta al objetivo de coste, porque la dependencia prolongada de los mercados de hidrocarburos prolongaría la exposición a su volatilidad.
No existen razones objetivas para esta decisión, mas bien una sólida evidencia de que es una insensatez. Es una insensatez que se sostiene en gran medida por el riesgo político de contrariar al sector de la sociedad que se opone a la energía nuclear. Esta oposición se apoya en un profundo desconocimiento de la tecnología que, a su vez, propicia la propagación de un miedo irracional alimentado por mensajes catastrofistas.
En más de cincuenta años de operación de centrales nucleares en la Europa no soviética, no se ha producido ningún accidente radiactivo con víctimas mortales. En este tiempo, las publicaciones alarmando sobre riesgos inminentes se cuentan por centenares. Frente a este dato, la Agencia Medioambiental Europea estima 300.00 fallecimientos prematuros en Europa, cada año, por la contaminación derivada del uso de combustibles fósiles, es decir, más que Hiroshima y Nagasaki juntas, cada año. De esto no se habla y parece que se asume como un tributo razonable por el progreso.
Lo deseable sería que los gobiernos asumieran la responsabilidad de hacer pedagogía en base a estudios rigurosos de entidades solventes en lugar de ponerse de perfil, o peor, rentabilizar políticamente los resultados del sensacionalismo antinuclear.
Es notable, por sibilino, el discurso del gobierno para dar por zanjado el tema del cierre de las centrales nucleares. Por ejemplo, afirma una y otra vez que “el gobierno ha apostado por las energías verdes” pero no dice que ha apostado “solo” por las energías verdes. Con esta sutileza se desliza la idea de que las energías verdes son incompatibles con la energía nuclear, que hay que elegir por una o por otra y el gobierno ha escogido las energías verdes.
Esta idea es absolutamente falsa, ambas formas de energía son perfectamente compatibles y además, en un futuro sin combustibles fósiles, es muy deseable que ambas compartan la red por seguridad de suministro y estabilidad del sistema.
Otra declaración muy repetida es la de que el cierre de las centrales nucleares se ha acordado con las empresas eléctricas, y ya no hay mas que hablar, como si ese acuerdo fuera intocable y sagrado. Tratar de derivar parte de la decisión a la voluntad de empresas eléctricas privadas es una renuncia inaceptable La responsabilidad de establecer la estrategia energética del país es del gobierno, que debe velar por el interés de los ciudadanos. La responsabilidad de las empresas eléctricas es lograr resultados positivos sostenibles en el marco legal y regulatorio del país. En cualquier caso, cumplir los compromisos con las empresas eléctricas no ha sido una prioridad de los gobiernos españoles, como vemos en innumerables recursos por incumplimiento, presentados y resueltos contra el estado.