En este video se critica la politización de la energía y se propone la participación del estado en los activos de generación nuclear como hacen con éxito países como Francia, Suecia, Finlandia, Corea y otros.
Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo han dado la ventaja a la derecha y, para algunos, auguran un cambio de signo político en las próximas elecciones generales del 23 de Julio. La derecha parece que tiene opciones de hacerse con el poder y que podría ser más favorable a la energía nuclear y, de entrada, apoyar la extensión de vida de las centrales actualmente en operación.
Esto podría ser una buena noticia para los que defendemos la necesidad de mantener la energía nuclear como recurso esencial para acelerar la descarbonización; y lo es, pero no tanto. La verdadera buena noticia sería que la estrategia energética nacional se basara en análisis objetivos y racionales de expertos, sin ataduras políticas, y que ésta fuera respaldada por un consenso de estado. La politización de la energía, como de otras cuestiones, es una desgraciada y costosa patología que parecemos incapaces de superar.
La mayoría de las grandes empresas eléctricas del mundo desarrollado que operan y apuestan por la energía nuclear son total o parcialmente estatales. Así tenemos EdF (Francia), STATE GRID Co (China), FORTUM Co (Finlandia), VATTENFALL (Suecia), KEPCo (Corea), EUAS (Turquía), PGE (Polonia).
Esto tiene mucho sentido por varias razones. Si las centrales nucleares pertenecen al sector privado, es fácil que terminen siendo acusadas de ser una herramienta de enriquecimiento de unos pocos a costa de la seguridad y bienestar del resto. Es fácil también que la izquierda capitalice este argumento y lo incorpore a su doctrina política. Por el contrario, si las centrales nucleares pertenecen al estado, la sociedad las puede considerar como un bien común del que se beneficia toda la población. En estas condiciones, pueden convivir perfectamente con regímenes de cualquier signo.
Por otra parte, la prioridad del estado debe ser asegurar el suministro a la población en las mejores condiciones posibles. En cambio, la responsabilidad de la empresa privada es conseguir resultados económicos buenos en el marco legal establecido y que sus instalaciones funcionen correctamente. El bienestar social de la población, salvo en lo que afecta a su propio negocio, no es su problema.
La responsabilidad de asegurar el suministro obliga al estado a contemplar horizontes temporales amplios, con escenarios de incertidumbre poco probables pero muy severos. Contemplar plazos largos es necesario porque las infraestructuras energéticas tardan bastantes años en construirse y en ese tiempo pueden producirse situaciones de crisis abruptas con efectos traumáticos imposibles de manejar a corto plazo.
Asegurar el suministro a largo plazo obliga a contemplar la diversificación de fuentes. La actual situación política, económica o medioambiental en el mundo permite conjeturar situaciones extremas, como la guerra de Ucrania, que hagan inviable o prohibitiva alguna de las fuentes que ahora nos parecen seguras.
Las decisiones de inversión en la empresa privada se basan en planes de negocio que aseguren la rentabilidad con un mínimo de incertidumbres asumibles. El coste nivelado de generación es siempre un factor esencial de esas decisiones. El estado, por el contrario, obligado por su responsabilidad de garantizar el suministro en cualquier escenario, puede y debe planificar con una visión más amplia y hacer mayores apuestas financieras.
Las grandes instalaciones nucleares, son costosas y se pueden retrasar mucho, especialmente en entornos políticamente desfavorables. Por ello, pueden representar un riesgo financiero que muchas empresas privadas no se atreven a asumir.
Todo lo contrario ocurre con las energías renovables. En Europa están recibiendo un trato regulatorio de favor con una flexibilidad inusual en los trámites de autorización, hasta el punto de poder quedar exentas de la evaluación ambiental. Esto y su bajo precio las hace atractivas para los inversores privados. En cuanto al precio, hay que decir que, hablando de renovables, siempre se excluye la inversión en almacenamiento. Una central fotovoltaica funciona 2.000 horas al año y no almacena nada mientras que una nuclear funciona 7500 horas y tiene almacenada energía de uno a dos años.
En todo caso, el criterio de selección de inversiones no puede centrarse exclusivamente en el último dato del coste nivelado de generación. En la historia reciente hemos visto como la fotovoltaica ha pasado de ser inasumible a ser la mas barata, pero también como el precio del gas llegó a dispararse un 1.000% en 2022. En los años setenta del siglo pasado ocurrieron cosas parecidas con el petróleo. Los costes nivelados de generación que en un momento justifican unas u otras inversiones, pueden dislocarse completamente con la irrupción de una crisis imprevista.
Las ventajas de la energía nuclear para acelerar el proceso de descarbonización garantizando la seguridad de suministro son objetivamente indiscutibles. La principal objeción es el rechazo de un sector de la sociedad, rechazo basado en el desconocimiento. El estado puede escoger el camino fácil que es ceder a esa visión, como ha hecho Alemania con resultados desastrosos, o puede ejercer un liderazgo social impulsando la opción nuclear, aunque el beneficio de la misma no se perciba a todos los niveles.
Una buena forma de hacerlo es implicándose directamente en la propiedad de los activos nucleares, como hacen los estados citados al principio. España podría hacerlo también con una participación consensuada por los principales partidos a través de una entidad pública como la SEPI.